AFAPREDESA

AFAPREDESA nace como respuesta civil a la lamentable situación de los derechos humanos, la incapacidad de defensa de los desaparecidos y torturados y de nuestra angustia como padres, hijos, esposas o hermanos ante la consecuencia de la invasión cívico-militar del Sáhara Occidental por Marruecos.
AFAPREDESA se constituyó el 20 de Agosto de 1989 en los Campamentos de refugiados de Tinduf. Es una Organización No Gubernamental saharaui de defensa de los Derechos Humanos, así reconocida por las leyes saharauis.
Es miembro observador de la Comisión Africana de Derechos Humanos y miembro de la Coalizacion Internacional para la protección de todas las personas contra las desapareciones forzadas.
Participa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. También actúa ante el Parlamento Europeo.
AFAPREDESA ha sido proscrita por el gobierno marroquí, pero aún así continúa ejerciendo su actividad dentro del territorio ocupado.

martes, 29 de enero de 2019

PSOE, PP y Ciudadanos cómplices de crímenes de guerra en el Sahara Occidental





COMUNICADO DE PRENSA:
PSOE, PP y Ciudadanos cómplices de crímenes de guerra en el Sahara Occidental

El Señor Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior de España, no comparecerá ante el Parlamento para explicar la deportación exprés del activista y defensor de los derechos humanos Husein Bachir Brahim al reino de Marruecos, el pasado 17 de enero de 2019, una semana después de su detención a su llegada en una patera a las Islas Canarias huyendo de la persecución de las fuerzas de ocupación marroquíes. El Sr. Husein Bachir Brahim se encuentra detenido desde el 21 de enero en las mazmorras de Marrakech, en violación de los convenios de Ginebra que prohíben el encarcelamiento fuera del territorio ocupados a las personas protegidas por el DIH (art.76 IV CONVENIO DE GINEBRA).

La solicitud de comparecencia registrada por Unidos Podemos y Compromís ha sido rechazada por el PSOE, PP y Cs.  Este nuevo frente se opone sistemáticamente a cuestionar las políticas del gobierno en todo lo que se refiere a la vulneración de los derechos humanos, el Derecho Internacional  y el Derecho Internacional Humanitario constantemente pisoteados en el Sahara Occidental bajo ocupación y en parte anexionada por el Reino de Marruecos, con la complicidad constante del Reino de España.  Al actuar de esta manera, los tres partidos se convierten en cómplices de crímenes de guerra y de  genocidio perpetrados por el Reino de Marruecos. Serán responsables ante la historia y ante sus propias bases por haber permitido, alentado y conspirado, en España así como dentro de las instancias europeas e internacionales en perpetuar el sufrimiento del pueblo saharaui y las numerosas injusticias a las que se enfrenta a diario.

La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) lamenta que se haya desaprovechado la oportunidad de escuchar las explicaciones del Ministro de Interior sobre este caso. Si el gobierno no tiene nada que reprocharse, ¿ por qué esconderse? y evitar así el dialogo sobre un tema que afecta el territorio del Sahara Occidental del cual afirma la sentencia auto 40/2014 que emitió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que el Señor Fernando Grande-Marlaska presidía en esa fecha como magistrado: “España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas”. Por lo tanto, España tiene la obligación de proteger los ciudadanos saharauis mientras que no se ponga fin a la ocupación marroquí.

AFAPREDESA denuncia la deportación del ciudadano saharaui Husein Bachir Husein y exige que el gobierno español tome las medidas diplomáticas pertinentes ante las autoridades coloniales marroquíes  para su inmediata e incondicional libertad.

Hecho en los campamentos de refugiados saharauis, a 29 de enero de 2019.


viernes, 18 de enero de 2019

La Unión Europea viola su propia Justicia y la Legalidad Internacional en el Sahara Occidental


La inclusión de los territorios ocupados del Sáhara Occidental en el acuerdo agrícola que une la UE con Marruecos: un acto de agresión contra el pueblo saharaui



Articulo 1ero de la Resolución 1514 (XV) de la ONU: " La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales.."


El Parlamento Europeo adoptó, el 16 de septiembre de 2019,  Acuerdos entre la UE y el Reino de Marruecos que incluyen los territorios ocupados del Sáhara Occidental, en violación de sus propios valores, sus principios, su justicia, la  legalidad africana y legalidad internacional. Es la culminación de todo un proceso manchado por irregularidades y por una flagrante parcialidad en beneficio del ocupante marroquí y en detrimento del pueblo saharaui, el único titular de la soberanía permanente sobre sus recursos naturales. El Parlamento Europeo acaba de dar su cheque en blanco a los tratados y otros acuerdos y medidas que contravengan la obligación de no reconocimiento y / o de apoyo la perpetuación de la ocupación y la anexión ilegal del Sahara Occidental.


Este regateo no cuenta ni con el consentimiento del pueblo saharaui ni del Frente Polisario, reconocido por la ONU como representante del pueblo saharaui. Viola las sentencias del TJUE y las opiniones legales de la ONU y la UA sobre los recursos naturales del Sahara Occidental. Más grave aún, la UE se permite a sí misma excluir arbitrariamente los territorios liberados de la República Saharaui, lo que consagra la división del territorio impuesto por el muro de la vergüenza. Es un grave atentado a la integridad del Sáhara Occidental tal como es reconocido internacionalmente y viola el Acta Constitutiva de la Unión Africana (UA).


La UE reitera que no reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Sin embargo, las negociaciones actuales y la conclusión con el Reino de Marruecos de los acuerdos internacionales aplicables al Sáhara Occidental y sus aguas adyacentes constituyen un reconocimiento de jure de la integración del Sáhara Occidental en el Reino de Marruecos a través de la anexión efectuada en 1976 y 1979, lo que implica el reconocimiento de su soberanía sobre el territorio, las aguas internas y el mar territorial del Sáhara Occidental, así como los derechos soberanos y la jurisdicción que el derecho internacional confiere al Estado ribereño sobre las zonas marítimas que se encuentran más allá del mar territorial[1].

Se trata de una grave violación de la integridad territorial del Sáhara Occidental reconocido internacionalmente por la ONU[2], la UA e incluso la UE[3].  Además, cabe recordar que la resolución 2232 (XXI) de 20 de diciembre de 1966 y la resolución 2357 (XXII) de 19 de diciembre de 1967 de las Naciones Unidas reiteraron que cualquier destrucción de la integridad territorial de los territorios coloniales en el proceso de descolonización es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1960.


La resolución de la ONU sobre la descolonización de 1960 es clara: el desmembramiento parcial o total de un territorio antes de la descolonización está prohibido. 



Informe de los servicios de la Comisión (SWD (2018) 346 final de 11.6.2018)



Dado que las anexiones están estrictamente prohibidas en el derecho internacional, la UE viola su obligación de no reconocer una situación ilegal, por lo que se convierte en cómplice de su perpetuación y de sus corolarios en materia de violaciones de derechos humanos. La agresión marroquí, la ocupación y la anexión de parte del territorio del Sáhara Occidental constituyen una grave violación del derecho internacional, y el pueblo del Sáhara Occidental conserva su derecho a la libre determinación de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de 1961[4]. Por lo tanto, el estatuto  del Sáhara Occidental es el de un territorio ocupado, según lo estipulado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 34/37 de 1979. Durante estos 43 años, Marruecos ha cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, incluido el genocidio[5].

En lugar de "declarar de manera inequívoca que la anexión del Sahara Occidental por Marruecos no es y nunca será reconocida".

En lugar de "Prohibir todas las acciones que, como las inversiones, podrían apoyar la anexión, incluido el apoyo a la actividad económica en el territorio ocupado bajo los auspicios de la Potencia ocupante"

En lugar de "Tomar sanciones contra el Estado ocupante, el Reino de Marruecos, ya que la ocupación (y la anexión) viola el derecho internacional, incluidas las sanciones hasta la congelación de activos y la prohibición de visado contra los responsables de la anexión, o que se beneficien de ella. "

En lugar de "Tomar medidas para evitar que la financiación de la Unión provenientes de fondos y otros instrumentos financieros y de cooperación beneficien a los asentamientos y otras estructuras que mantienen una situación de ocupación y anexión. "

En lugar de "Publicar información a las partes privadas sobre la ilegalidad de cualquier inversión o actividad económica que no se realice con el consentimiento del pueblo saharaui. "

En vez de todo ello, las instituciones europeas acaban de demostrar al mundo que son cómplices en la perpetuación de una actividad ilegal aplicada de facto por España y durante muchos años por la UE. El origen de esta nueva violación de la legalidad internacional es el antecedente de los Acuerdos Tripartites[6] de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, que prevé la división del territorio entre los dos últimos países sin el consentimiento del pueblo saharaui.

Las cláusulas secretas de ese acuerdo preveían, entre otras cosas, el "derecho" de pescar en las aguas adyacentes al Sáhara Occidental en beneficio de 800 barcos españoles durante un período de 20 años en las mismas condiciones que las existentes el 14 de noviembre de 1975. La colusión marroquí-española también se refirió al mantenimiento del 35% en la compañía FosBucraa en la explotación de las minas de fosfato de Bucraa[7].  

La UE alienta así el mantenimiento y el fortalecimiento de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y la persistencia de graves violaciones de los derechos humanos. La UE también contribuye a la financiación de los asentamientos marroquíes y alienta a las autoridades de ocupación a que persigan con impunidad las graves violaciones de los derechos humanos y la violación del derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Lo que priva al pueblo saharaui de recubrir sus legítimas aspiraciones consagradas en la legalidad internacional vigente, incluido su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia. También puede dañar irreparablemente los recursos hídricos de las aguas subterráneas.

Esta posición de la UE demuestra la primacía de los intereses económicos y políticos sobre la promoción de la democracia y los derechos humanos.

La UE está violando su propio tratado que establece, entre otras cosas, que "la acción de la Unión en el escenario internacional debe guiarse por ... el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional".


Obligaciones violadas por la UE y sus instituciones en el Sahara Occidental
• La Unión debe cumplir con la ley y limitar explícitamente la aplicación de cualquier Tratado o Acuerdo Bilateral con el Reino de Marruecos a su territorio reconocido internacionalmente. Todo el territorio ocupado / anexado del Sáhara Occidental se excluirá del alcance del Tratado o Acuerdo, incluidos los productos originados en asentamientos ilegales en los territorios ocupados y las entidades que participan en él. Deben establecerse mecanismos de control efectivos, como las estrictas normas de origen o los requisitos de etiquetado, para garantizar que los productos que se originan en territorios ocupados o anexos del Sahara Occidental o en las entidades que operan allí no se benefician del comercio con la Unión o de su apoyo financiero. El mecanismo legal existente para este propósito debe ser implementado completamente en la práctica.
• Como regla general, la UE y sus Estados miembros no deben reconocer los actos ilegales que resultan de nuevas leyes introducidas por una potencia ocupante ilegal. Sin embargo, se deben hacer excepciones para proteger los intereses legítimos de ciertas partes privadas, particularmente de la población saharaui propiamente dicha. El efecto legal de los actos administrativos del ocupante marroquí no debe ser reconocido, excepto en el caso de certificados de nacimiento y contratos que no afecten la soberanía permanente de las personas ocupadas sobre sus recursos naturales y que no afectar la propiedad existente u otros derechos protegidos de la población original.
• De conformidad con el deber de no reconocimiento, la Unión nunca debe enviar representación diplomática al territorio ocupado del Sahara Occidental. La Unión  debería adoptar una política sistemática de no hacer una visita oficial a los representantes de una Potencia ocupante en el territorio ocupado o anexado del Sáhara Occidental, a menos que, cuando corresponda, el objetivo sea el de rendir cuentas. (por ejemplo, para garantizar el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario), para ayudar a los ciudadanos de la Unión Europea en dificultades, o para apoyar a la población local legítima (excluidos los colonos ). En todo momento, el no reconocimiento debe ser claro e inequívoco.
• La Unión debe desalentar a las empresas de la UE de establecer vínculos comerciales con las colonias e invertir en ellas emitiendo una opinión oficial o imponiendo una prohibición.
• La Unión debe apoyar a las poblaciones locales legítimas en los territorios ocupados  a través de asistencia para el desarrollo y actividades similares, al mismo tiempo que garantiza que no apoya los asentamientos ilegales y otros proyectos que refuerzan la ocupación.
• Con respecto a la ayuda para el desarrollo, la Unión debería proporcionar una     orientación clara sobre el enfoque que debe adoptarse con respecto a la cooperación con la Potencia ocupante en relación con las violaciones del derecho internacional, las violaciones de los derechos humanos y la demolición de infraestructuras financiadas por la unión. La Unión debe iniciar un examen legal de la posibilidad de exigir una indemnización cuando los proyectos financiados por la Unión sean destruidos por la Potencia ocupante.
• La Unión debe continuar promoviendo la aplicación del DHI. Las misiones pertinentes del  SEAE deben estar plenamente informadas del DHI y recordar a las    potencias ocupantes sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario cuando sea necesario. En sus comunicaciones con las autoridades responsables, los representantes de la Unión deben, cuando sea necesario, hacer referencia específica a las reglas aplicables a la ocupación.
• La Unión también debe continuar promoviendo las normas internacionales de  derechos humanos y exigiendo que las potencias ocupantes respondan por su   comportamiento en los territorios ocupados, independientemente si la Potencia  ocupante encuentre las obligaciones de derechos humanos aplicables o no. En particular, la Unión Europea debería tener en cuenta que el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica a menudo está restringido por la Potencia ocupante.

• Para ayudar a proteger los derechos humanos de las poblaciones saharauis, la Unión  debe apoyar a los defensores de los derechos humanos, a las organizaciones de la sociedad civil y exigir que se aclare el destino de más de 400 personas desaparecidas y la liberación inmediata e incondicional a todos los presos políticos.
• Medidas restrictivas (sanciones) deben aplicarse a los ocupantes ilegales, así como a las personas físicas y privadas que contribuyen a la ocupación ilegal. También se pueden tomar medidas contra individuos y partes privadas que se aprovecha de la ocupación ilegal, al menos para cancelar el beneficio que derivan de ella. Estas decisiones deben especificar las razones por las cuales se han introducido sanciones contra cada persona o entidad.
• La Unión y sus Estados miembros deben, siempre que sea posible, procesar a los funcionarios del ocupante ilegal y otras partes involucradas en crímenes de guerra y otros crímenes, incluidos saqueo.
• En sus esfuerzos políticos y diplomáticos para resolver la cuestión del Sahara Occidental, la Unión siempre debe tener en cuenta que estas situaciones son conflictos entre un agresor y una víctima, en los que la víctima suele ser la parte más débil. La Unión no debería apoyar una solución que no hubiera sido aceptada libremente y sin restricciones por el pueblo saharaui.
• Dada la situación de la ocupación en el Sáhara Occidental que se encuentra actualmente en la agenda de la Unión (ya sea en el Consejo y en sus grupos de trabajo, en la Comisión o en el Parlamento), se debe realizar una evaluación legal. Disponible para los tomadores de decisiones. Esto debe ser proporcionado por los servicios legales pertinentes y, en el caso del Consejo y sus grupos de trabajo, preferiblemente por el Grupo de Trabajo del Consejo sobre Derecho Internacional Público (COJUR), teniendo debidamente en cuenta las sentencias recientes del TJUE.
• En sus resoluciones sobre situaciones de ocupación y de anexión, el Parlamento Europeo debería aclarar su posición sobre el estado del territorio en cuestión y reafirmar que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario se aplican al territorio ocupado del Sáhara Occidental y que la anexión ilegal de Marruecos por este territorio nunca será reconocida.
• El Parlamento Europeo y sus miembros deben solicitar periódicamente información a la Comisión y a otros organismos responsables de la Unión Europea sobre la aplicación de los acuerdos celebrados por el Reino de Marruecos y los proyectos en curso en ese país, a fin de garantizar que la ocupación y / o la anexión ilegal del Sáhara Occidental no sea reconocida o apoyada.
• Los miembros del Parlamento Europeo deben preguntar a las autoridades nacionales de su Estado de origen, por ejemplo las autoridades aduaneras, información sobre la implementación de los acuerdos concluidos por el Reino de Marruecos y proyectos en curso en ese país, para garantizar que no se reconozca ni se apoye ninguna ocupación ilegal o anexión.

La Asociación de familias de presos y saharauis desaparecidos (AFAPREDESA) toma nota, con indignación,  la adopción de estos acuerdos ilegales y condena enérgicamente a la UE y sus instituciones  por su descarada complicidad con la ocupación marroquí del Sahara Occidental.  AFAPREDESA considera  responsable de los Estados de la Unión Europea que han dado su consentimiento para una violación tan flagrante de las sentencias del Tribunal Europeo y la legalidad internacional que reconocen al pueblo saharaui, y solo a el, el derecho soberano sobre sus riquezas naturales.







[1] Ver el punto 194 de las Conclusiones del Abogado General del TJUE en el caso C266/16 del 10 enero 2018. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198362&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350765#Footnote201
[2] Ver mapa del Sahara Occidental en la pagina web de la ONU http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/wsahara.pdf
[3] Ver mapa del mundo en la pagina web de la UE, incluido el Sahara Occidental con sus fronteras internacionales.
[4] Articulo 1ero de la Resolución 1514 (XV) de la ONU: " La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales.."
[5] Ver sentencia de procesamiento de 11 altos mandos militares y civiles marroquíes por la Audiencia Nacional Española del 9 de abril de 2015  https://ceas-sahara.es/wp-content/uploads/2017/12/Auto_procesamiento_sahara.pdf
[7] Ver respuesta del Gobierno Español sobre las inversiones el Sahara Occidental pag.712  (BOCG, núm. 295, 18-6-98) https://web.archive.org/web/20070927024545/http://www.mae.es/NR/rdonlyres/626913F2-C7FD-402F-B9F2-93680DE20C25/0/J6.pdf

jueves, 17 de enero de 2019

L'Union Europeenne viole sa justice et la legalité internationale au Sahara Occidental



Inclusion des territoires occupés du Sahara Occidental dans l’accord agricole liant l’UE au Maroc : Un acte d’agression contre le peuple sahraoui, contre les arrêts de la Cour de Justice Européenne et contre la l'Egalité Internationale 




Le Parlement Européen a adopté, le 16 septembre 2019, des Accords entre l’UE et le Royaume du Maroc incluant les territoires occupés du Sahara Occidental  en violation de ses propres valeurs, ses principes, sa justice, de la légalité africaine et  de la légalité internationale.  C’est le couronnement de tout un processus entaché d’irrégularité et flagrant parti pris au profit de l’occupant marocain et au détriment du peuple sahraoui, seul détenteur de la souveraineté permanente sur ses ressources naturelles. Le Parlement européen vient donc de donner son blanc-seing aux traités et aux autres accords et mesures qui contreviennent à l'obligation de non-reconnaissance et/ou qui soutiennent la poursuite de l’occupation et l’annexion illégale du Sahara Occidental.
Cette démarche n’a compté ni avec le consentement du peuple sahraoui ni du Front Polisario, reconnu par l’ONU comme représentant du peuple sahraoui.  Elle viole les arrêts de la CJUE et les avis juridiques de l’ONU et de l’UA sur les ressources naturelles du Sahara Occidental. Plus grave encore, l’UE se permet d’exclure arbitrairement les territoires libérés de la République Sahraouie consacrant ainsi division du territoire imposée par le mur de la honte. Ce qui porte atteinte à l’intégrité territoire du Sahara Occidental tel que reconnue internationalement et viole l’Acte Constitutif de l’Union Africaine (UA).   

L’UE réitère qu’elle ne reconnait pas la souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental. Cependant, les actuelles négociations et les conclusions avec le Royaume du Maroc des  accords internationaux applicables au Sahara occidental et aux eaux y adjacentes constituent en elles-mêmes une reconnaissance de jure de l’intégration du Sahara occidental au Royaume du Maroc par l’annexion opérée en 1976 et 1979, ce qui implique la reconnaissance de sa souveraineté sur le territoire, les eaux intérieures et la mer territoriale du Sahara occidental, ainsi que des droits souverains et de la juridiction que le droit international confère à l’État côtier sur les zones maritimes qui se trouvent au-delà de la mer territoriale[1].  C’est là une grave atteinte à l’intégrité territoriale du Sahara Occidental tel que reconnue internationalement aussi bien par l’ONU[2], l’UA et même l’UE[3].  En outre, il faut  rappeler que la résolution 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et la résolution 2357 (XXII) du 19 décembre 1967 des Nations Unies ont réitéré que toute destruction de l’intégrité territoriale des territoires coloniaux dans le processus de décolonisation est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies et la résolution 1514 (XV) de 1960 de l’Assemblée Générale de l’ONU.

La résolution des Nations unies sur la décolonisation datant de 1960 est claire: le démembrement partiel ou total d’un territoire avant la décolonisation est prohibé.





Rapport des Services de la Commission  (SWD(2018) 346 final du 11.6.2018)



Or étant donné que les annexions sont strictement prohibées en Droit International,  l’UE viole son obligation de ne pas reconnaître une situation illicite se rendant ainsi complice de sa perpétuation et de ses corollaires en matière de violations de droits de l’homme. L'agression, l'occupation et l'annexion marocaines d’une partie du territoire du Sahara Occidental  constituent une violation grave du droit international, et le peuple du Sahara Occidental conserve son droit à l'autodétermination conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée Générale de 1961[4]. Par conséquent, le statut du Sahara Occidental est celui d'un territoire occupé, tel que stipulé par l'AG ONU dans sa résolution 34/37 de 1979. Durant ces 43 années, le Maroc s’est livré à de multiples violations des droits de l’homme, y compris le Génocide[5].

Au lieu de « Déclarer sans équivoque que l'annexion du Sahara Occidental par le Maroc n’est pas et ne sera jamais reconnue. »

Au lieu d’  « Interdire toutes les actions qui, comme les investissements, pourraient soutenir l'annexion, y compris le soutien à l'activité économique dans le territoire occupé sous l'égide de la puissance occupante »

Au lieu de « Prendre des sanctions à l'encontre de l'État occupant, le Royaume du Maroc, puisque l'occupation (et  l'annexion) viole le droit international, y compris des sanctions allant jusqu'au gel des avoirs et à l'interdiction de visa contre les responsables de l'annexion, ou qui en tirent profit. »

Au lieu de « Prendre des mesures visant à empêcher que le financement de l'Union provenant des fonds et autres instruments financiers et de coopération bénéficient aux colonies de peuplement et aux autres structures qui maintiennent une situation d’occupation et annexion. »

Au lieu de « Publier des informations destinées aux parties privées sur l’illégalité de tout investissement ou activité économique qui ne se fait pas avec le consentement du peuple sahraoui. »

Les institutions européennes viennent de démontrer au monde entier qu’elles sont complices dans la perpétuation d’une activité illégale appliquée de facto par l’Espagne et depuis de nombreuses années par l’UE. A l’origine de cette nouvelle atteinte à la légalité internationale l’antécédent  des Accords Tripartites[6] de Madrid entre l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie prévoyant le partage du territoire entre ces deux derniers pays sans le consentement du peuple sahraoui. Des clauses secrètes dudit accord prévoyaient, entre autres, le « droit » de pêche dans les eaux adjacentes au Sahara occidental au profit de 800 bateaux espagnols pour une durée de 20 ans selon les mêmes conditions que celles existant le 14 novembre 1975[7]. La connivence maroco-espagnole  concernait également le maintien de 35% dans l’entreprise FosBucraa sur l’exploitation des mines phosphates de Bucraa[8].  

L’UE encourage ainsi le maintien et le renforcement de l’occupation marocaine au Sahara Occidental  ainsi que la persistance des graves violations des droits de l’homme. L’UE contribue aussi au financement des colonies de peuplements marocains et encourage les autorités d’occupation à  poursuivre impunément les graves violations des droits de l’homme et la violation du Droit International et le Droit Humanitaire International. Ce qui prive peuple sahraoui à recouvrir ses aspirations légitimes consacrées par la légalité internationale en vigueur, y compris son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance. Elle risque également de nuire irrémédiablement aux ressources hydrauliques des nappes phréatiques.

Cette position de l’UE démontre, si besoin est, la primauté des intérêts économiques et politiques sur la promotion de la démocratie et les droits de l’homme.

L’UE viole son propre traité qui affirme, entre autres, que «l'action de l'Union sur la scène internationale doit être guidée par ... le respect des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international».

Obligations violées par l’UE et ses institutions au Sahara Occidental

· L'Union devrait se conformer au droit et limite de manière explicite l'application de tout Traité ou Accord bilatéral avec le Royaume du Maroc à son territoire reconnu internationalement. Tout le territoire occupé/annexé du Sahara Occidental doit être exclu du champ d'application du Traité ou Accord, y compris les produits originaires des colonies illégales dans les territoires occupés et les entités qui y ont des activités. Des mécanismes de contrôle efficaces, tels que des règles d'origine strictes ou des exigences d'étiquetage, doivent être mis en place pour garantir que les produits originaires de territoires occupés/annexés du Sahara Occidental ou les entités qui y ont des activités ne tirent pas profit des échanges avec l'Union ou de son soutien financier. Le mécanisme juridique existant à cette fin doit être pleinement mis en œuvre dans la pratique
· En règle générale, l'Union et ses États membres ne devraient pas reconnaître les actes juridiques qui procèdent de nouvelles lois introduites par une puissance occupante illégale. Toutefois, des exceptions doivent être faites pour protéger les intérêts légitimes de certaines parties privées, en particulier la population sahraouie proprement dite. L'effet juridique des actes administratifs de l’occupant marocain ne devrait pas être reconnu,  excepté pour  le cas 00des certificats de naissance et des contrats qui n'ont pas de répercussions sur la souveraineté permanente du peuple occupé sur ses ressources naturelles et qui n'affectent pas les dispositions existantes en matière de propriété ou d'autres droits protégés de la population d'origine.
· Conformément au devoir de non-reconnaissance, l'Union ne devrait jamais envoyer de représentation diplomatique sur le territoire occupé du Sahara Occidental. L'Union devrait adopter une politique systématique consistant à ne rendre aucune visite officielle aux représentants d'une puissance occupante sur le territoire occupé ou annexé du Sahara Occidental, sauf si, le cas échéant, l'objectif est de demander des comptes à la puissance occupante (par exemple pour assurer le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international), d'aider les citoyens de l'Union européenne en situation de détresse, ou de soutenir la population locale légitime (à l'exclusion des colons). En tout temps, la non-reconnaissance doit être claire et sans équivoque.
· L'Union devrait décourager les entreprises de l'Union de nouer des liens commerciaux avec les colonies et d'y investir en publiant un avis officiel ou en décrétant une interdiction.
· L'Union devrait soutenir les populations locales légitimes dans les territoires occupés grâce à l'aide au développement et à des activités similaires, tout en veillant à ne pas soutenir les implantations illégales et les autres projets qui renforcent l'occupation.
· En ce qui concerne l'aide au développement, l'Union devrait fournir des orientations claires sur l'approche à adopter en matière de coopération avec la puissance occupante en ce qui concerne les violations du droit international, les violations des droits de l'homme, et la démolition d'infrastructures financées par l'Union. L'Union devrait entamer un examen juridique de la possibilité d'exiger une indemnisation, lorsque des projets financés par l'Union sont détruits par une puissance occupante.
· L'Union devrait continuer de promouvoir l'application du DHI. Les missions pertinentes du SEAE devraient être pleinement informées du DHI et rappeler leurs obligations aux puissances occupantes en vertu du droit humanitaire international chaque fois que c'est nécessaire. Dans leurs communications avec les autorités responsables, les représentants de l'Union devraient, chaque fois que c'est nécessaire, faire spécifiquement référence aux règles applicables à l'occupation.
· L'Union devrait également continuer de promouvoir les normes internationales des droits de l'homme et exiger des puissances occupantes qu'elles répondent de leur comportement dans les territoires occupés, que la puissance occupante trouve les obligations relatives aux droits de l'homme applicables ou non. L'Union européenne devrait notamment tenir compte du fait que l'exercice de la liberté d'expression et du droit de réunion pacifique est souvent limité par la puissance occupante.
· Pour aider à protéger les droits de l'homme des populations sahraouies, l'Union devrait soutenir les défenseurs des droits de l'homme, les organisations de la société civile et exiger l’éclaircissement du sort de plus de 400 disparus et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques.
· Des mesures restrictives (sanctions) devraient être appliquées aux occupants illégaux, ainsi qu'aux individus et aux parties privées qui contribuent à une occupation illégale. Des mesures peuvent également être prises contre les individus et les parties privées qui se contentent de profiter d'une occupation illégale, au moins pour annuler le bénéfice qu'ils en tirent. Ces décisions doivent préciser les raisons pour lesquelles des sanctions ont été introduites à l'encontre de chaque cible.
· L'Union et ses États membres devraient, chaque fois que c'est possible, poursuivre devant les tribunaux compétents les fonctionnaires de l'occupant illégal ainsi que les autres parties impliquées dans les crimes de guerre et autres crimes, y compris le crime de pillage.
· Dans ses efforts politiques et diplomatiques visant à résoudre question du Sahara Occidental, l'Union devrait toujours garder à l'esprit que ces situations sont des conflits entre un agresseur et une victime, dans lesquels la victime est généralement la partie la plus faible. L'Union ne devrait pas soutenir de solution qui n'aurait pas été acceptée librement et sans contrainte par le peuple sahraoui.
· Face à la situation d'occupation du Sahara Occidental qui est actuellement à l'agenda de l'Union (que ce soit au Conseil et dans ses groupes de travail, à la Commission ou au Parlement), une évaluation juridique doit être mise à la disposition des décideurs. Celle-ci devrait être fournie par les services juridiques concernés et, dans le cas du Conseil et de ses groupes de travail, de préférence par le Groupe de travail du Conseil sur le droit international public (COJUR)) en tenant dûment compte des récents arrêts de la CJUE.
· Dans ses résolutions relatives à des situations qui impliquent une occupation et une annexion, le Parlement européen devrait clarifier son point de vue sur le statut du territoire en question et réaffirmer que le droit relatif aux droits de l'homme et le droit humanitaire international s’applique au territoire occupé du Sahara Occidental et que l’annexion illégale de ce territoire par le Maroc ne sera jamais reconnue.
· Le Parlement européen et ses membres devraient régulièrement demander à la Commission et aux autres organes responsables de l'Union européenne des informations concernant la mise en œuvre des accords conclus le Royaume du Maroc et des projets en cours dans ce pays, afin de s'assurer que l’occupation ou/et l’annexion illégale du Sahara Occidental n'est reconnue ou soutenue.
· Les membres du Parlement européen devraient demander aux autorités nationales de leur État d'origine, par ex. les autorités douanières, des informations concernant la mise en œuvre des accords conclus le Royaume du Maroc et des projets en cours dans ce pays, pour s'assurer qu'aucune occupation ou annexion illégale n'est reconnue ou soutenue.


L’Association des Familles des Prisonniers et Disparus Sahraouis (AFAPREDESA) prend acte, avec indignation, l’adoption de ces accords illégaux et condamne énergiquement l’UE et ses instances pour leur flagrante complicité avec l’occupation marocaine au Sahara Occidental. L’AFAPREDESA tient pour responsables les Etats de l’Union Européens qui ont donné leur consentement pour une si flagrante violation des arrêts de la justice européenne et de la légalité international qui reconnaissent au peuple sahraoui, et à lui seul, le droit de disposer de ses richesses naturelles.






[1] Voir point 194 des Conclusions de l’Avocat Général de la CJUE dans l’Affaire C266/16 du 10 janvier 2018. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198362&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=350765#Footnote201
[2] Voir carte du Sahara Occidental sur le site de l’ONU http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/wsahara.pdf
[3] Voir carte du monde, y compris le Sahara Occidental avec ses frontières internationales.
[4] Article 1er de la Résolution 1514 (XV) de l'ONU: " La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiales."
[5] Voir sentence des poursuites judiciaires par l’Audience Nationale Espagnole du 9 avril 2015. https://ceas-sahara.es/wp-content/uploads/2017/12/Auto_procesamiento_sahara.pdf
[6] Ces accords sont illégaux. Analyse de ces accords dans l’article du Professeur Carlos Ruiz Miguel https://www.clublibertaddigital.com/ilustracion-liberal/26/los-acuerdos-de-madrid-inmorales-ilegales-y-politicamente-suicidas-carlos-ruiz-miguel.html  ,
[7] Voir Cortes (Parlement Espagnol), Journal de sessions du Congrès des Députés d’Espagne, 1978, n° 15, p. 498 (discours de M. Manuel Marín González, député du Parti Socialiste Ouvrier  Espagnol, par la suite vice-président et président intérimaire de la Commission européenne). Voir également, Alemany Torres, F., « Acuerdo de pesca con Marruecos », El País, 8 février 1978. https://elpais.com/diario/1978/02/08/economia/255740428_850215.html
[8] Voir réponse du Gouvernement espagnol sur les inversions au Sahara Occidental pag.712  (BOCG, núm. 295, 18-6-98) https://web.archive.org/web/20070927024545/http://www.mae.es/NR/rdonlyres/626913F2-C7FD-402F-B9F2-93680DE20C25/0/J6.pdf

jueves, 6 de septiembre de 2018

Aniversario de la MINURSO, algo que celebrar?



Aniversario de la MINURSO, algo que celebrar?
6 de septiembre de 1991- 6 de septiembre de 2018
 27 años de presencia de Naciones Unidas en el Sahara Occidental sin lograr la Paz




Hoy, 6 septiembre de 2018, se cumplen 27 años desde que Naciones Unidas instaurasen el alto el fuego en el Sahara Occidental en virtud de la resolución 690 (1991) del Consejo de Seguridad de la ONU.  En efecto , a partir del 6 de septiembre de 1991, se ha instalado la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) en aplicación el plan de Arreglo de Naciones Unidas y de la Unión Africana. Tenía y continúa teniendo, como objetivo principal la celebración del Referéndum de Autodeterminación en la última colonia  de África, inicialmente, para enero de 1992. 26 años después, no solamente no se ha realizado el Referéndum, sino que la intransigencia del Reino de Marruecos sigue impidiendo que se fije una fecha para el mismo. En los últimos años, la política de obstrucción de Marruecos ha alcanzado límites inquietantes:

o   Veto al Sr. Christopher Ross, enviado personal del Secretario General de la ONU, impidiendo que realice su trabajo de mediación para conseguir una solución pacífica.

o   Ataque frontal injustificado al Secretario General de la ONU a raíz de sus últimos informes sobre el Sáhara Occidental  y sobre todo a raíz de su declaración, en marzo de 2016, cuando califico la presencia de Marruecos de ocupación.
o   Veto la Señora Kim Buldoc, Representante Especial del Secretariado General para el Sáhara Occidental,  quien ha sido impedida durante meses de  tomar puesto.
o   Expulsión de 73 de la componente civil  de la MINURSO, en marzo de 2016, impidiendo así que lleve a cabo se plena capacidad. Situación que sigue de actualidad a pesar de las exigencias del propio Consejo de Seguridad.
o   Persistencia de las violaciones del Alto el Fuego entre las mas graves el asesinato de un pastor saharaui Hamed Bad Hamadi (conocido igualmente por Chamad Bad Yuli), el 27 de febrero de 2016,  por elementos del ejército de ocupación en Ybeilat (Zona de Miyek) cerca del muro de ocupación y la reciente escalada creada por la tropas  marroquíes en la región de Guerguerat que podría ser el detonante de la vuelta de las hostilidades.  
o   Limitación de movimiento de la MINURSO y su interactuación con la población saharaui.
Rechazo frontal de negociaciones directas con el frente Polisario para lograr una solución que permita al pueblo saharaui gozar plenamente de su derecho inalienable a la autodeterminación e independencia. 

Unido a ello, en estos 27 años, las fuerzas marroquíes de ocupación siguen perpetuando impunemente graves violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Marruecos continúa torturando y maltratando a los civiles saharauis, tanto en las numerosas cárceles a pesar de la condena del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura como durante las manifestaciones pacíficas que reclaman la libertad:

o   Desde 2013 hasta la fecha, 21 detenidos saharauis perecieron a causa de la tortura y malos tratos  o la falta de asistencia médica.
o   Todos los presos políticos sufrieron tortura y malos tratos y fueron obligados a firmar falsas declaraciones, inclusive destacados defensores de derechos humanos conocidos mundialmente por su activismo pacifico. Llama la atención muy particularmente el caso emblemático de los 21 civiles del Grupo de Gdeim Izik condenados por un tribunal militar, en violación flagrante de los convenios de Ginebra. Estos presos políticos se encuentran en una grave situación después de su traslado arbitraria a diferentes cárceles.
o   Represalias contra los familiares de los presos políticos. Llama la atención la prohibición de visita impuesta a la Señora Claude Maungin Asfari a su marido Naama Asfari desde mas de 2 años. Todo ello, a pesar de la promesa del Gobierno francés de interceder ante las autoridades marroquíes para garantizar el derecho de visita.  
o   En lo que va de año, han sido registrados más de 300 casos de tortura y malos tratos durante las manifestaciones.

Marruecos aún mantiene en silencio el paradero de los más de 400 casos de desaparecidos saharauis, pese haber reconocido su implicación en su presunto asesinato en diciembre de 2010.

Marruecos continúa prohibiendo la existencia oficial de las organizaciones saharauis de derechos humanos en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, lo que supone una violación flagrante del derecho a la libertad de expresión y de asociación.

Marruecos impide la entrada libre a los territorios ocupados de los observadores y la prensa internacional para impedir así que den su testimonio de la gravedad de la situación que padece el pueblo saharaui allí residente. Desde 2016, más de 400 observadores internacionales fueron expulsados del Sáhara Occidental.

Marruecos mantiene y refuerza el muro de ocupación que separa las zonas ocupadas de los territorios liberados de la RASD que constituye un crimen contra la humanidad por atentar contra la vida de cientos de saharauis civiles, imposibilitando el goce de los saharauis a la libertad de movimiento dentro de su propio territorio.

Marruecos es culpable de la muerte de decenas de saharauis asesinados durante las manifestaciones pacíficas.

Marruecos persiste en su explotación de los recursos naturales en flagrante violación del Derecho Internacional vigente con la complicidad de varios actores internacionales, y muy particularmente España, Francia  y la propia Unión Europea.

Preocupa igualmente que la MINURSO se haya convertido en una herramienta al servicio de la perpetuación del statu quo, siendo sus prerrogativas limitadas a la única tarea de vigilar el Alto el fuego.

Ante tal grave situación, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA)  expresa su profunda preocupación por el constante desafío de Marruecos a la legalidad internacional y las graves consecuencias que esto tiene sobre la estabilidad de la región. 

AFAPREDESA sigue con gran inquietud la actual escalada creada por las fuerzas de ocupación en la zona.

AFAPREDESA lanza un llamamiento urgente al Consejo de Seguridad para poner fin a las graves violaciones del Alto el Fuego, la plena funcionalidad de la MINURSO.

AFAPREDESA exige la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui amparándose para ello en la propia carta de Naciones Unidas, la resolución 1514 (XV) de la ONU, por  el pacto internacional de derechos civiles y políticos  y el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales.

AFAPREDESA, aprovecha igualmente, para rendir un homenaje al personal de la MINURSO, muy particularmente aquellas personas que se han implicado en la defensa de los derechos humanos, y reclama que la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad dote la MINURSO de las prerrogativas pertinentes para cumplir con su misión.

AFAPREDESA sigue reclamando la ampliación de su mandato a los derechos para que la MINURSO se adapte y vaya en consonancia con la doctrina vigente de Naciones Unidas en las misiones de Paz en el mundo.

AFAPREDESA exige igualmente la implicación efectiva del Comité Internacional de la Cruz Roja en las tareas humanitarias que le incumben, especialmente en el caso de más de 400 casos de desaparecidos saharauis, inclusive el proceso de búsqueda, exhumación, identificación de los cuerpos de las personas encontradas en fosas comunes.  

Entierro de los cuerpos de los primeros desaparecidos saharauis hallados en 2013

AFAPREDESA exige de la potencia administradora de iure, España, cumplir sus responsabilidades en defensa de los derechos de la población saharaui hasta la celebración del Referéndum autodeterminación  en el Sahara Occidental. En este sentido, el gobierno español está llamado a tomar las pertinentes medidas diplomáticas, económicas e institucionales para el cumplimiento de la legalidad internacional en el Sáhara Occidental, y así poner fin a las graves violaciones de derechos y cese inmediato de la explotación de los recursos naturales, propiedad exclusiva del pueblo saharaui.

AFAPREDESA pide encarecidamente al gobierno francés apoyar la defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y cesar cualquier apoyo bélico al Reino de Marruecos mientras se mantiene la ocupación del Sáhara Occidental.

AFAPREDESA exige al Reino de Marruecos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, el esclarecimiento del paradero de los más de 400 desaparecidos saharauis y poner fin a las graves violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en el Sáhara Occidental.

Campamentos de refugiados saharauis, a 6 de septiembre de 2018