AFAPREDESA

AFAPREDESA nace como respuesta civil a la lamentable situación de los derechos humanos, la incapacidad de defensa de los desaparecidos y torturados y de nuestra angustia como padres, hijos, esposas o hermanos ante la consecuencia de la invasión cívico-militar del Sáhara Occidental por Marruecos.
AFAPREDESA se constituyó el 20 de Agosto de 1989 en los Campamentos de refugiados de Tinduf. Es una Organización No Gubernamental saharaui de defensa de los Derechos Humanos, así reconocida por las leyes saharauis.
Es miembro observador de la Comisión Africana de Derechos Humanos y miembro de la Coalizacion Internacional para la protección de todas las personas contra las desapareciones forzadas.
Participa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. También actúa ante el Parlamento Europeo.
AFAPREDESA ha sido proscrita por el gobierno marroquí, pero aún así continúa ejerciendo su actividad dentro del territorio ocupado.

sábado, 17 de junio de 2023

COMUNICADO CONJUNTO AFAPREDESA Y AFAB CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL DESAPARECIDO

 



Día Nacional del Desparecido Saharaui: AFAPREDESA y AFAB instan al Gobierno Español ha aclarar el paradero de Sidi Mohamed Basiri y lidere investigaciones sobre los más de 445 desaparecidos saharauis.

 


Hoy, 18 de junio, el pueblo saharaui celebra el Día Nacional del Desaparecido Saharaui que coincide con el 53 aniversario de la detención y posterior desparecidos del líder Sidi Mohamed Sid Brahim Basir, comúnmente conocido como Sidi Mohamed Basiri. Son más de 4500 saharauis que han sido víctimas del innoble  crimen de la desaparición forzada. Su práctica generalizada o sistemática constituye un crimen de lesa humanidad y genocidio perpetrado contra el pueblo saharaui. Así lo reconoce el Auto 1/2015 dictado, el 9 de abril de 2015, por Juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional de España. Se trata de un auto de procesamiento de 11 altos mandos marroquíes implicados en el Genocidio la Tortura contra ciudadanos saharauis. Hasta la fecha no se han logrado enjuiciar a los responsables debido a la falta de colaboración de las autoridades marroquíes. Sin embargo, las autoridades españolas nunca intervinieron para facilitar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de las victimas que no tenían otra condición que la ciudanía española en el momento de los hechos. El único pronunciamiento oficial del gobierno español fue, 28 de octubre de 2013,  en su respuesta a la pregunta formulada por la diputada Irene Lorenzo Domingo (GUPyD) sobre el hallazgo y exhumaciones de las primeras fosas comunes por expertos independientes de Hegoa y la fundación Aranzadi del País Pasco. En dicha respuesta «…, el Gobierno manifiesta que no le consta en estos momentos la identidad ni la nacionalidad de los restos». Se contenta de reproducir la reacción del CNDH marroquí sobre el caso de los 8 ciudadanos saharauis con nacionalidad española.  Los dos expertos de las investigaciones los Profesores Carlos Martin  Berinstain y Francisco Etxeberria  Gabilondo se reunieron con el ministerio de exteriores de España, en septiembre de 2013 y les presentaron el informe pericial “Meheris, la esperanza posible” que han elaborado. En dicho informe se demuestra la documentación española de las víctimas de las ejecuciones acaecidas, el 12 de febrero de 1976, cuando España no había aún abandonado el territorio. El Ministerio que había prometido indagar en el asunto pero nunca se pronuncio posteriormente al respecto.

Desde 1970 hasta la actualidad, se han registro más de 4500 casos de víctimas directas de desapariciones forzadas, la mayoría temporalmente. Entre ellas, 322 permanecieron desparecidas, durante periodos que oscilan entre 4 años y 16 años, hasta su liberación en junio de 1991, fruto de la presión internacional. Mientras que 445 siguen desaparecidos, incluidos los que han sido reconocidos el informe sobre desapariciones forzadas publicado por el Consejo Consultivo de Derechos humanos Marroquí, en diciembre 2010. En el caso del Sáhara Occidental, un porcentaje muy elevado de las víctimas directas han sido mujeres y niños. En las desapariciones temporales, cerca de un 30% de las víctimas que estuvieron detenidas desaparecidas en centros clandestinos de detención fueron mujeres y niños. De las víctimas liberadas en 1991 las mujeres constituyeron el 24,8%.

 


En 1999, tras la intervención de James Baker, enviado personal de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental, el Reino de Marruecos dio una respuesta a 207 casos presentados ante la ONU. Excepto su reconocimiento de la muerte de 43 casos probados por el testimonio de los sobrevivientes de Kalaat Magouna, el Reino de Marruecos dio alegaciones totalmente falsas. Para la mayoría de los casos planteados, las autoridades de Marruecos afirmaron que las personas desaparecidas están establecidas en los campos de Tinduf, en Mauritania o en España. Para el resto, afirmaron que eran desconocidos o muertos durante las operaciones militares.

En 2004, el Reino de Marruecos creó la Equidad y Reconciliación (IER), responsable de la realización de investigaciones sobre las desapariciones forzadas y otras graves violaciones, desde la independencia de Marruecos hasta 1999, la muerte de Hassan II. Sin embargo IER no reveló ninguna información comprobada sobre la suerte que corrieron los cientos de casos de desaparecidos en el Sahara Occidental. Esta institución no permitió más que ofrecer algunas de las víctimas, una compensación económica y hacer recomendaciones sobre la impunidad y garantías de no repetición, que nunca fueron implementadas.

En diciembre de 2010, el Consejo Real Consultivo para los Derechos Humanos (CCDH) de Marruecos emitió un informe "Sobre el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de la Instancia Equidad y Reconciliación Apéndice 1: la casos de desapariciones forzadas”  (VER Documento Adjunto). En dicho informe, el Reino de Marruecos reconoció la existencia de un total de 940  desaparecidos, incluyendo 638 saharauis entre los cuales 351 habrían muerto durante su detención, el resto han sido puesto en libertad. Aunque estas cifras están lejos de reflejar la realidad de las desapariciones forzadas en el Sahara Occidental y Marruecos, las autoridades reconocen que el 68%  de las víctimas son los saharauis.

Según el informe del CCDH,  entre 351 personas desaparecidas fallecidas, 144 personas habrían muerto durante las batallas militares, sin especificar su identidad o las circunstancias exactas de las muertes y el resto de personas que habrían  muerto durante su cautiverio o fueron ejecutados (115 personas habrían muerto  en varios cuarteles militares, entre ellos 14 niños de 3 meses a 15 años y 11 mujeres, 43 personas en los centros de Agdez y Galaat Magouna, entre ellos dos mujeres, 23 personas en el Aaiún, en todos estos casos condiciones extremas de dolor a causa de un trato inhumano, como ha reconocido el propio informe y, probablemente, así como13 personas en las ejecuciones después de una sentencia militar, sin reproducir ...).

El informe de la CCDH se contenta con reconocer la muerte de estas personas, sin dar ninguna prueba de lo que dice. La terminología utilizada es vaga y no cumple con las expectativas de las familias. En la mayoría de los casos, el CCDH simplemente dice que la muerte se debió a "condiciones" o que "hay evidencia fuerte y consistente que murió durante la detención. "Las versiones proporcionadas por el ERC y / o la CCDH son estereotipados, fragmentado y no muestran ningún análisis específico para cada caso evitar hablar de las causas reales de la muerte o responsabilidades, que se atribuye la muerte a las" condiciones "sin ningún explicación sobre ello. La información es escasa y contradictoria. En muchos casos, entran en conflicto con los proporcionados por padres y testigos.

El informe reconoce que los autores de estos crímenes de guerra pertenecen a diversos cuerpos policiales y militares marroquíes, incluido el ejército, la gendarmería y las fuerzas auxiliares. Sin embargo, no se emprendieron investigaciones para enjuiciar a los responsables de las desapariciones forzadas.

El informe de la CCDH en 2010 declaró que trece desaparecidos saharauis han sido ejecutados por sentencia el Tribunal Militar de Marruecos el 19 de octubre de 1976. Sin embargo, el informe no ha reproducido dicha presunta sentencia. En enero de 2013, una solicitud conjunta  de los familiares afectados fue presentada ante el Tribunal Militar de Rabat, para obtener copia de dicha sentencia por lo se alega la ejecución de los 13 desaparecidos. Esta solicitud fue rechazada. En abril de 2013, los familiares enviaron una solicitud similar al Consejo Nacional Marroquí de Derechos Humanos (CNDH).  Lo que hace dudar de la veracidad de las alegaciones contenidas en el informe del CCDH. 

El hallazgo de dos fosas comunes en 2013 en Fadret Leguia y posteriores identificaciones de los cuerpos de 8 saharauis desaparecidos ponen en tela de juicio  las respuestas contenidas en el informe de CCDH. De hecho, es evidente que dicha información es falsa, y en flagrante contradicción con la evidencia forense del equipo independiente de expertos de la Universidad del País Vasco. Sin pruebas contundentes, las familias de los desaparecidos siguen exigiendo el paradero de sus familiares queridos secuestrados por las fuerzas marroquíes en el Sahara Occidental.

 


Los ocho encontrado y su identificados: Salma Sidi Daf SALEC (DIN español: A-4.525.013), Bashir Salma Daf (hijo), Sidahmed Segri Yumani (DNI español: A-3.136.048), Salama Mohamed Ali Sidahmed Elkarcha (DNI español B-1324045), Sidi SALEC Salma (hijo), Salma Mohamed Sidahmed (DNI español: A-3.509.018), Mohamed Moulud Mohamed Lamin (DNI español: A-4.520.032) y Mohamed Abdelahe Ramdan (DNI español: A 9.013.149). Todos tenían la nacionalidad española en el momento de los hechos y España nunca actuó para desvelar su paradero ni tomar medidas para enjuiciar a los responsables.

La única reacción de las autoridades marroquíes en este hallazgo, fue la del Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí, el 16 de septiembre de 2013: "La CNDH desea hacer hincapié en su disposición a recibir ningún elemento formal para avanzar en el establecimiento de la verdad Del mismo modo, se pondrá en contacto con las familias de las ocho personas que se mencionan para recoger cualquier nuevo elemento de información, a condición de que la justicia marroquí puede ser aprovechada de forma permanente, de acuerdo con la legislación de Marruecos y el derecho internacional”.  Nunca  se estableció ni contacto alguno con las familias de las victimas ni el enjuiciamiento de los autores de de los autores del asesinato de civiles durante el periodo de presencia española en el territorio.

Las desapariciones forzadas se siguen produciendo hasta la actualidad. El último caso registrado por AFAPREDESA concierne el ciudadano saharaui Lahbib Ahmed Hmiti, secuestrado el 7 de febrero de 2022, en Dajla (Villacesneros). Las autoridades marroquíes, al igual que el resto de casos, el Reino de Marruecos intenta hacer creer que se trata de un crimen de homicidio por un comerciante marroquí quien fue hallado muerte desnudo con marcas de violencia, en la playa de Dajla. En este día, recordamos igualmente a los 15 jóvenes desaparecidos en 2005 de la mano de las fuerzas de ocupación marroquí. 



   

En cuando al paradero de Sidi Mohamed Basiri, bajo exclusiva responsabilidad del Estado Español, desde finales de julio de 1970, las autoridades españoles hacían circular falsas informaciones sobre presunta “deportación a Marruecos” y que incluso había sido visto en alguna ciudad en Marruecos, o su presunta participación en los golpes de estado acaecidos en Marruecos en 1972 y 1973. A las personas que se preguntaban sobre su paradero, la respuesta era siempre la misma: “ha sido expulsado a Marruecos”. La primera vez que las autoridades españolas se pronunciaron  oficialmente sobre el caso Sidi Mohamed Basiri fue con motivo de la Misión Visitadora de Naciones al Sáhara Español en 1975[1].  En su punto 254, página 76 del documento, la Misión afirma que “En lo que respecta al Sr. Mohamed Basiri, cuya suerte tenía especial interés para la Misión dado el gran número de denuncias recibidas de los partidarios del Frente POLISARIO, quienes lo consideraban como héroe del movimiento de liberación. Las autoridades españolas dijeron que había sido detenido durante los desórdenes - ocurridos en El Aaiún en 1970 y que inmediatamente después había sido deportado a Marruecos, de donde había venido. Dijeron que no habían tenido noticias del Sr. Basiri desde entonces. Sin embargo se preguntaban si podía ser Ia misma persona que un tal Sr. Mohamed Boshir quien, según la información que poseían, había sido acusado más tarde en un intento de derrocar al Gobierno de Marruecos y condenado en ese país por traición.” Las autoridades españoles, no solo mintieron en cuanto a la presunta “deportación a Marruecos”, sino que utilizaron la misma técnica de confundir a la comunidad internacional en cuanto a la posible presencia de Sidi Mohamed Basiri en Marruecos.

Los gobiernos democráticos persiguieron una estrategia similar manteniendo el silencio, la desmemoria o falsas informaciones respecto a la suerte de Sidi Mohamed Basiri. En sus respuestas, tanto al grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, como a los familiares o organizaciones que las representan, entre ellas la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), y la Asociación de Familiares y Amigos de Basiri (AFAB): “no consta información”. Este tipo de respuesta, “no consta información”, da entender que el gobierno español no tiene la intención de facilitar la verdad sobre el caso de Basiri, o peor, que esté encubriendo el crimen de estado cometido por las autoridades españolas durante el periodo del franquismo. La facilitación de información fidedigna y verificada por un actor creíble es vital para que se sepa la verdad.

Son más de cinco de décadas de la desaparición forzada de Sidi Mohamed Basiri y más de cuatro décadas de la mayoría de las desapariciones ocurridas entre el 31 de octubre de 1975 (fecha del inicio de la invasión  y el 26 de febrero de 1976, bajo responsabilidad exclusiva de de España, aunque los autores materiales sean marroquíes. Ello no exime España de responsabilidades en el resto de casos acaecidos posteriormente, dada su condición de potencia administradora, condición a la que no puede renunciar de manera unilateral. Por ello, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), y la Asociación de Familiares y Amigos de Basiri (AFAB) lanzan un llamamiento urgente para que España:

 

 

1.     1.  Esclarezca cuanto antes el paradero de Sidi Mohamed Basiri mediante:

a.       El levantamiento de cualquier  reserva sobre archivos clasificados secretos, que podrían desvelar la suerte de Sidi Mohamed Basiri.

b.      Las investigaciones necesarias para la localización de Sidi Mohamed Basiri, vivo o muerte.

c.       Reconocimiento de este crimen de estado cometido durante del periodo del franquismo.

d.      Reparación moral a Sidi Mohamed Basiri, a sus familiares y al pueblo saharaui

2.       2.  Investigue a fondo todos los casos de desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas de ocupación marroquíes.

 

Hecho en Oviedo y los Campamentos de Refugiados Saharauis, a 18 de junio de 2023

 

 

 

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