AFAPREDESA

AFAPREDESA nace como respuesta civil a la lamentable situación de los derechos humanos, la incapacidad de defensa de los desaparecidos y torturados y de nuestra angustia como padres, hijos, esposas o hermanos ante la consecuencia de la invasión cívico-militar del Sáhara Occidental por Marruecos.
AFAPREDESA se constituyó el 20 de Agosto de 1989 en los Campamentos de refugiados de Tinduf. Es una Organización No Gubernamental saharaui de defensa de los Derechos Humanos, así reconocida por las leyes saharauis.
Es miembro observador de la Comisión Africana de Derechos Humanos y miembro de la Coalizacion Internacional para la protección de todas las personas contra las desapareciones forzadas.
Participa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. También actúa ante el Parlamento Europeo.
AFAPREDESA ha sido proscrita por el gobierno marroquí, pero aún así continúa ejerciendo su actividad dentro del territorio ocupado.

lunes, 29 de agosto de 2016

AFAPREDESA recibe Grupo Ereite del País Vasco


La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) ha recibido, en su sede central, al Grupo Ereiten (Sembrando) de El País Vasco, un Grupo de futuros Educadores Sociales que tienen como objetivo ayudar cada año al pueblo saharaui. La delegación vasca está llevando, estos días, una visita a los campos de refugiados saharauis para informarse y sensibilizar sobre la causa del pueblo saharaui.

La delegación fue recibida por el Sr. Abdeslam Omar Lahsen, Presidente de AFAPREDESA y el Sr. Abdullah Laarusi Salek, a cargo del expediente de los detenidos políticos saharauis. Después de visitar la exposición de AFAPREDESA, el Presidente hizo una presentación general de la situación de los derechos, recordando la época colonial española y las atrocidades cometidas por el Reino de Marruecos, empezando por el genocidio, las matanzas, asesinatos y las desapariciones forzadas, pasando por la represión contra manifestaciones pacíficas y la práctica de la tortura llegando hasta el aislamiento de los territorios ocupados, la marginación y la exclusión con el fin de acallar la voz del pueblo saharaui y poder explotar ilegalmente los recursos naturales del Sahara Occidental.

La práctica de la desaparición forzada se ha llevado de manera sistemática, desde el inicio de la invasión marroquí el 31 de octubre de 1975 hasta medios de los años noventa, para continuar posteriormente casos individuales y colectivos[1] lo que evidencia la gravedad del genocidio sufrido por el pueblo saharaui, ya que más de 4.500 personas han sido víctimas de desapariciones forzadas y permanecieron secuestrados en centros de detención secretos donde sufren condiciones horribles y la permanente tortura antes de ser liberados después de muchos años, más de 400 personas entre ellas siguen desaparecidas hasta la actualidad.

Fruto de la presión internacional, el estado marroquí se ha visto obligado a reconocer en 2010, la muerte de 207 personas, en centros secretos, incluidos 14 niños y 22 mujeres, y otros 144 en las operaciones militares, a lo que se añade un centenar de otras personas siguen consideradas por las organizaciones como desaparecidas. Cabe mencionar que todos los casos de desapariciones forzadas ocurrieron en los centros clandestinos de detención y que las autoridades de ocupación siguen obstaculizando facilitar el proceso de búsqueda reclamado por los familiares de las victimas. Durante tres décadas, las autoridades marroquíes negaron la existencia de los desaparecidos y continúan intentando distorsionar la verdad y falsificar los hechos, lo que se podido demostrar en numerosas ocasiones, sobre todo con el descubrimiento de dos fosas comunes Fadret Leguiaa, cerca de la ciudad ocupada de Amgala[2].

El presidente de la asociación destaco la prominente decisión judicial emitida el 9 de abril 2015 por la Audiencia Nacional de España. El Auto emitido por el juez Pablo Ruz consta con el procesamiento  de 11 altos mandos marroquíes implicados en el genocidio del pueblo saharaui. Por ello, insistió en la necesidad de llevar a cabo las responsabilidades del Estado de España para presionar al régimen de ocupación con el fin de colaborar de buena fe con la justicia española y así permitir a las víctimas obtener sus derechos garantizados por la Constitución española y los convenios internacionales pertinentes, de las que son parte tanto el Reino de España como el Reino de Marruecos.

La visita de la delegación permitió a la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) el documental bajo el título “Mujeres saharauis bajo represión marroquí”: https://www.youtube.com/watch?v=xmRew7tLrTA . Su visualización tuvo un especial impacto entre los visitantes que han mostrado su total apoyo con AFAPREDESA en sus esfuerzos a desembarcar las atrocidades llevadas a cabo por régimen marroquí.

Por otra parte, el señor Laarusi  Abdellah Salek, a su vez, informó a la delegación vasca sobre las graves e inhumanas condiciones que sufren los detenidos políticos saharauis en las cárceles en territorio marroquí, lo cual es contrario a la ley internacional y los Convenios de Ginebra. Convenios  que establecen explícitamente la prohibición de la deportación de los detenidos fuera de los territorios ocupados. Los familiares de los detenidos también sufren enormemente por esta situación ya que están obligados a soportar el sufrimiento y los costos viajes, a sabiendas de que la mayoría de los detenidos son el principal sostén de la familia. En este sentido, el Señor Laarusi Abdellah Salek destaco el caso del preso político Mohamed El Hafez Izaa, condenado injustamente a 15 años, dejando a un padre ciego, su madre enferma y su esposa que se ocupa de sus hijos. Hizo hincapié en que todos los detenidos son sometidos a torturas, incluida la violación sexual en casi todos los casos. Y todos ellos sufren de diversas enfermedades como consecuencia de los malos tratos, la tortura y la falta de atención médica. Las juicios carecen por su parte de garantías procesales de justicia y todos los detenidos fueron condenados en base a declaraciones obtenidas bajo la coacción y la tortura, lo cual es contrario a la propia legislación marroquí y a los convenios internacionales. También se refirió a los juicios militares contra  civiles, destacando el caso del grupo de Gdeim Isik. Como resultado de esta situación han muerto desde 2013, más de 10 detenidos, citando lo caso de Hassana El Uali[3] y Brahim Saika[4].

Al término de la reunión, el Presidente AFAPREDESA alabó la solidaridad Vasca con la causa saharaui, incluso en lo que afecta la cuestión de los derechos humanos y la búsqueda del paradero de desaparecidos saharauis fruto de la colaboración con la Universidad del País Vasco[5]. También llamó a intensificar los esfuerzos para erradicar las desapariciones forzadas y esclarecer el paradero de todos los desaparecidos saharauis[6],  la liberación de todos los presos políticos saharauis y las ampliación  de las competencias de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) para incluir la supervisión de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental, resultados que serán facilitados siempre y cuando España asuma plenamente sus responsabilidades jurídicas, morales e históricas con el pueblo saharaui para poner fin a la ocupación que se perpetua gracias a la complicidad de los gobiernos de España, en violación flagrante del derecho internacional y de la propia legislación española.

Campamentos de refugiados saharauis, a 29 de agosto de 2016




[1] El último Grupo secuestrado está formado de 15 jóvenes secuestrados desde diciembre de 2005.
[5] El Oasis de la Memoria: Memoria Histórica y Violaciones de Derechos en el Sáhara Occidental: Tomo I, II MARTIN BERISTAIN Carlos y GONZALEZ HIDALGO Eloísa
MEHERIS: La esperanza posible: Fosas comunes y primeros desaparecidos saharauis identificados
MARTIN BERISTAIN Carlos; ETXEBERRIA GABILONDO Francisco; GONZALEZ HIDALGO Eloísa; HERRASTI ERLOGORRI Lourdes; RIOS FRUTOS Luis; CITRONI Gabriela; VALENCIA VILLA Alejandro
[6] Inclusive el caso de Sidi Mohamed Basiri, bajo responsabilidad directa del Estado Español. 

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